Abogados que acompañan a las familias de los 43 normalistas desaparecidos señalaron que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca disminuir la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa. Esto ocurre pese a que la desaparición fue reconocida como crimen de Estado en 2023, debido a la participación de autoridades de distintos niveles. Los representantes legales cuestionaron que las nuevas líneas de investigación presentadas por funcionarios federales no aportan elementos novedosos y se encuentran lejos de esclarecer los hechos ocurridos en 2014.
Durante la presentación del informe más reciente, se expusieron análisis de telefonía celular que identifican nuevos objetivos de investigación y posibles vínculos entre criminales y servidores públicos. También se detallaron cateos, irregularidades en funerarias y la detención de personas relacionadas con el manejo de restos óseos. Sin embargo, los abogados insistieron en que la información debe ser acompañada de pruebas contundentes y un compromiso real con la verdad.

