El Gobierno Municipal afirmó que la clausura de un centro de rehabilitación se realizó exclusivamente por las condiciones de riesgo detectadas durante una inspección, descartando cualquier motivación política. Entre las irregularidades encontradas se reportaron una losa con riesgo de colapso, alimentos caducos y la ausencia de medidas básicas de seguridad como extintores, detectores de humo y salidas de emergencia. Además, el lugar albergaba alrededor de 80 personas pese a tener capacidad para solo 30.
Durante la intervención, 30 internos fueron trasladados a otros centros y el resto sería reubicado conforme hubiera disponibilidad. Las autoridades negaron que los pacientes hayan quedado encerrados tras la colocación de sellos, asegurando que se mantuvo acceso para médicos y familiares. También señalaron que los responsables recurrieron a amparos que fueron declarados improcedentes, reiterando que los establecimientos deben cumplir normas estatales y municipales para garantizar la integridad de los usuarios.