El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a fiscales federales a aplicar leyes antiterroristas en casos que involucren a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico. La medida, revelada por The New York Times, forma parte de una estrategia para ampliar el alcance legal contra servidores públicos extranjeros que habrían facilitado actividades criminales desde estructuras gubernamentales.
Esta directriz surge tras la acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Entre los señalados también figura Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, detenido recientemente en Arizona. Las investigaciones apuntan a una red de protección institucional que habría operado durante años, lo que ha generado tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.