Transparencia Mexicana y la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASECH) llevaron a cabo una reunión de trabajo para abordar el tema de las sanciones por corrupción, específicamente las responsabilidades administrativas graves derivadas de las auditorías realizadas por los órganos de fiscalización superior.
En esta reunión se examinaron las resoluciones emitidas por los tribunales de justicia administrativa de todo el país en respuesta a los informes de presunta responsabilidad administrativa presentados por las entidades de fiscalización superior.
Gracias a las reformas anticorrupción impulsadas por Transparencia Mexicana en 2015 y 2016, los órganos de fiscalización superior adquirieron nuevas facultades para detectar e investigar faltas administrativas graves. En este contexto, se analizó el desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua tras la implementación de estas nuevas facultades. En la actualidad, se tienen alrededor de 100 investigaciones en curso por parte de la auditoría superior del Estado de Chihuahua, mientras que a nivel nacional, incluyendo la Auditoría Superior de la Federación, se cuentan más de 1900.
Durante la reunión, el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, solicitó a Transparencia Mexicana información sobre la posición relativa del estado de Chihuahua en comparación con otras entidades federativas del país, así como el número de sanciones dictadas en cada una de ellas, tanto a nivel estatal como federal.
Este análisis, destacó el auditor superior, contribuirá a mejorar el desempeño de la auditoría y a seguir combatiendo la impunidad en casos de corrupción. Los resultados de la evaluación proporcionada por Transparencia Mexicana permitirán evaluar la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción en lo que respecta a las responsabilidades graves identificadas por los órganos de fiscalización superior.