La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destinó un presupuesto de 189 millones de pesos para financiar la impresión de siete millones de libros provenientes de Cuba. La decisión generó debate en distintos sectores políticos y sociales.
El proyecto busca fortalecer la distribución de materiales educativos, aunque críticos cuestionan la pertinencia de recurrir a proveedores extranjeros en lugar de impulsar la industria nacional. La medida ha sido interpretada como una estrategia política con implicaciones internacionales.
Sheinbaum defendió la iniciativa al señalar que se trata de garantizar acceso a contenidos educativos de calidad. Sin embargo, la discusión continúa en torno al uso de recursos públicos y la relación con el gobierno cubano.