Se dio a conocer que varios exfuncionarios perderán pensiones superiores al millón de pesos, como parte de una revisión a los beneficios otorgados en administraciones anteriores. La medida busca eliminar privilegios considerados excesivos.
El gobierno federal explicó que estas pensiones no corresponden a la realidad económica del país y que representan un gasto injustificado para las finanzas públicas. Con la decisión se pretende destinar recursos a programas sociales.
La noticia generó reacciones diversas, pues algunos sectores aplaudieron la medida mientras otros señalaron que podría derivar en litigios. Sin embargo, se reafirmó que la política actual es reducir desigualdades y evitar abusos en el sistema de jubilaciones.