La directora de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua, Adriana Díaz Negrete, confirmó que la sucursal Alsuper Universidad cuenta únicamente con permisos para realizar trabajos de demolición. Explicó que existe la intención de desarrollar un nuevo proyecto en el predio, pero este aún no ha sido presentado formalmente ante la dependencia para su evaluación. Por ahora, el trámite autorizado se limita a derribar la tienda y los locales anexos.

Díaz Negrete señaló que cualquier obra de construcción o ampliación deberá someterse al proceso de revisión correspondiente una vez que la empresa presente el proyecto oficial. La funcionaria reiteró que el municipio actuará conforme a la normativa y que cualquier modificación futura dependerá de los permisos que se soliciten y aprueben.

El alcalde Marco Bonilla informó que la empresa responsable de Alsuper Universidad solicitó permiso para instalar maquinaria destinada a trabajos de demolición como parte de una remodelación. Indicó que el municipio ha recibido documentación relacionada con el proceso y que la empresa continúa entregando los requisitos necesarios para avanzar con el proyecto. La solicitud se dio en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades y dudas respecto a los permisos.

Bonilla aclaró que el trámite se encuentra en curso y que la autoridad municipal revisará cada documento conforme a la normativa. También mencionó que cualquier ampliación o incorporación de infraestructura adicional deberá contar con permisos específicos, los cuales serán evaluados cuando la empresa los presente formalmente.

El secretario de la Función Pública del Estado, Roberto Fierro, sostuvo una reunión con constructores locales para explicar los derechos que tienen como contratistas y los mecanismos disponibles para denunciar irregularidades en procesos de obra pública. Señaló que las inconformidades son herramientas formales que permiten corregir actos administrativos o invalidar procedimientos cuando se detectan inconsistencias.

Durante el encuentro, Fierro destacó la importancia de la conciliación como vía para resolver conflictos entre dependencias y contratistas, buscando soluciones que permitan continuar con los proyectos. Afirmó que estos mecanismos fortalecen la transparencia y la certeza jurídica, además de fomentar relaciones más claras y responsables en la contratación pública.

El Gobierno Municipal abrió una segunda convocatoria para que las escuelas primarias públicas que no lograron registrarse en la primera etapa puedan integrarse al programa Mi Bolsa Escolar 2026. A partir del 29 de junio, los planteles podrán consultar los requisitos y entregar la documentación correspondiente en las oficinas de Desarrollo Humano y Educación, con el fin de acceder a mochilas y útiles escolares para sus estudiantes. La medida busca ampliar la cobertura del apoyo y beneficiar a más familias chihuahuenses.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de acercar este programa a la mayor cantidad de instituciones educativas, invitando a directivos y personal escolar a realizar el trámite en tiempo y forma. Además, se habilitaron líneas telefónicas para resolver dudas y orientar a las escuelas interesadas en completar el proceso de registro.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal fortaleció la vigilancia en zonas de difícil acceso mediante la Policía Montada, un agrupamiento único en el estado conformado por 14 caballos entrenados para patrullar áreas donde las unidades convencionales no pueden ingresar. Este equipo permite recorrer cerros, arroyos, caminos rurales y vías del ferrocarril, ampliando la capacidad operativa de la corporación.

Además de mejorar el patrullaje, los agentes a caballo han sido clave en labores de búsqueda y rescate, especialmente en presas y ríos durante temporadas de alta afluencia. Su presencia también fomenta la cercanía con la ciudadanía a través de desfiles y cabalgatas, reforzando la confianza y la seguridad en las comunidades.

En Jojutla concluyó la sexta exhumación realizada en las fosas comunes del panteón municipal Pedro Amaro, donde se recuperaron alrededor de 60 indicios que podrían corresponder a entre 90 y 100 cuerpos. Colectivos de víctimas denunciaron irregularidades en los procesos de la Fiscalía de Morelos, así como omisiones y falta de herramientas especializadas durante las labores.

Las familias señalaron que persisten deficiencias en la clasificación de restos y en la coordinación institucional, lo que prolonga la crisis forense en el estado. También denunciaron actos de intimidación por parte de personal ministerial y exigieron que las investigaciones avancen para garantizar la identificación de los cuerpos y el respeto a los acuerdos establecidos en exhumaciones anteriores.