Tras casi cuatro años de proceso penal, un tribunal colegiado revocó la vinculación a proceso contra Francisco González Arredondo, exfiscal que encabezó la Operación Justicia para Chihuahua. La resolución concluyó que la Fiscalía estatal no precisó fechas ni circunstancias concretas sobre los presuntos actos de tortura psicológica atribuidos al exfuncionario, lo que vulneró su derecho a una defensa adecuada.
El fallo también destacó inconsistencias en la declaración de la presunta víctima y la falta de elementos que acreditaran la participación del exfiscal. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por un posible uso indebido del derecho penal para criminalizar labores de investigación anticorrupción. El caso marca un precedente relevante en materia de garantías procesales y protección a defensores públicos.