La trayectoria del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, se encuentra bajo escrutinio debido a contratos municipales por más de 108 millones de pesos, así como cuestionamientos sobre su patrimonio y estrategias de promoción rumbo a 2027. Su ascenso político ha estado vinculado al respaldo de la gobernadora Marina del Pilar y de su entonces esposo, Carlos Torres, quien ocupó un cargo estratégico dentro del ayuntamiento.
Investigaciones periodísticas han señalado posibles irregularidades en adquisiciones municipales y vínculos con empresarios relacionados con proyectos urbanos y propiedades de alto valor. Aunque no se ha determinado la existencia de delitos, las indagatorias federales y la revisión de contratos han colocado a Burgueño en el centro del debate político en Baja California.