El gobierno de Estados Unidos expresó preocupación por presunto acoso fiscal hacia empresas multinacionales en México, señalando prácticas del Servicio de Administración Tributaria que, según organismos empresariales, incluyen auditorías agresivas, obstáculos en procesos de apelación y solicitudes de información consideradas excesivas. De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, estas acciones han generado incertidumbre entre inversionistas extranjeros.
Las críticas se suman a las inquietudes sobre la reforma judicial implementada en 2025, respecto a la cual autoridades estadounidenses han insistido en la necesidad de garantizar independencia judicial. Analistas advierten que la combinación de tensiones fiscales y dudas sobre el marco legal podría afectar la inversión y la relación bilateral en el contexto del T-MEC. El gobierno mexicano ha defendido su estrategia de fiscalización como parte del combate a la evasión.