La propuesta de aplicar un impuesto a los videojuegos fue retirada tras una campaña que buscaba evitar medidas restrictivas en este sector. Legisladores señalaron que la iniciativa no contaba con el respaldo suficiente y que se optó por atender otras estrategias para combatir la violencia.
La discusión había generado polémica entre usuarios y especialistas, quienes argumentaban que los videojuegos no podían ser considerados como causa directa de conductas violentas. La campaña en contra del impuesto logró reunir apoyos y presionar para que la propuesta fuera retirada.
Con esta decisión se busca mantener el acceso libre a los videojuegos, mientras se promueven programas de prevención y educación que aborden la violencia desde un enfoque integral. Autoridades aseguraron que continuarán trabajando en alternativas más efectivas.