Las prolongadas sequías y el aumento en la demanda agrícola e industrial han intensificado las tensiones en el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos. El acuerdo de 1944 regula el reparto de los ríos Colorado y Bravo, pero las condiciones actuales han generado protestas de productores y presiones diplomáticas. El nuevo pacto alcanzado en diciembre busca garantizar la entrega de agua antes de enero de 2026 y evitar sanciones internacionales. Sin embargo, el tema sigue siendo delicado, ya que los compromisos asumidos por México impactan directamente en la disponibilidad de recursos hídricos para los agricultores del norte del país. La situación refleja la complejidad de equilibrar las necesidades internas con las obligaciones internacionales en un contexto de crisis climática.